La "Herencia Maldita" tan señalada por el mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene más impune que nunca y un claro ejemplo es lo que sucede en los servicios de salud. La red de corrupción que operó durante todo el sexenio sigue intocable.
Mediante el uso de empresas fantasmas se desviaron millones y millones de pesos, despareciendo dinero que estaba destinado para salvar vidas, sin embargo acabaron en otros bolsillos.
A un mes de haber tomado protesta Juan Manuel Carreras como mandatario estatal de San Luis Potosí, empezaron a crearse fantasmagóricas empresas que luego aparecieron en varias dependencias estatales cobrando enormes cantidades de dinero, pero fue en los servicios de salud donde se detectaron los montos más fuertes.
Tanto la Auditoría Superior del Estado como un trabajo de investigación de Ciudadanos Observando, detectaron qué mediante el uso de empresas fantasmas, procesos de compras y adquisiciones con graves anomalías, robo de identidad y uso de documentos apócrifos, se desviaron al menos presuntamente 400 millones de pesos, tras simular la entrega de productos y realización de servicios. Las evidencias existen, las denuncias penales no. Pareciera que la Fiscalía General realizó un pacto con las cabezas de esta red de corrupción que tanto daño le hizo a los potosinos.
Esta red ya operaba mucho antes de la pandemia, solo fueron cambiando las razones sociales utilizadas pero las corruptelas no. Cuando lamentablemente el Covid-19 hizo estragos entre la población, se les dio la libertad a los servicios de salud de realizar compras sin licitar y esto le cayó como anillo al dedo. Nuevamente se usaron empresas fantasmas, compras a precios totalmente inflados y productos que jamás se entregaron.
Domicilios fiscales registrados de empresas fantasma y robo de indentidad, una constante.
Para intentar simular que se atacaría a la "Herencia Maldita" se puso una denuncia penal contra la ex titular Mónica Rangel, que se confesó culpable de un fraude por 22 millones de pesos, que extrañamente devolvió en cuestión de días. Al parecer realizó un perverso acuerdo para salir realmente ilesa y "negociar" el encarcelamiento de su anterior incondicional y sucesor en los servicios de salud Miguel Ángel Lutzow, que hoy se mantiene preso.
Una persona clave en esta red es Gabriel Salazar, preso pero por cuestiones ligadas a un presunto fraude en contra de inversionistas de Invercorp, pero intocable con el tema millonario de los servicios de salud. La Fiscalía General tiene bastantes evidencias sobre el tema y la Auditoría Superior desde hace años detectó graves irregularidades, pero sospechosamente no existen denuncias penales.
¿Por qué ni el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la Auditoría Superior de la Federación, del estado y la Fiscalía General han puesto denuncias y se van de forma seria y profesional contra toda la red de corrupción que operó durante el sexenio pasado? Es muy evidente que existe un pacto para dejarla impune.
