Improductivos y no cumplen con la ley comisionados de CEGAIP
En la iniciativa privada eres contratado para dar soluciones y dar resultados. En cambio en la política sucede todo lo contrario, puedes ser un pésimo servidor público, tener una baja productividad y no pasa nada.
Un claro ejemplo de esto es lo que sucede con los comisionados del organismo "autónomo" Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí (CEGAIP) que desde diciembre del año pasado no cumplen correctamente con la ley de transparencia y mantienen una pésima productividad.
La ley de transparencia fue reformada para que las quejas de la ciudadanía que recibe la CEGAIP fueran resueltas en un plazo de treinta días hábiles, sin embargo, los comisionados no cumplen con dicha ley y deben tener consecuencias.
David Menchaca comisionado presidente y titular de la potencia uno, del 1° de diciembre del 2022 al cierre del mes de julio del 2023, en una respuesta oficial de la CEGAIP se asegura atendió 325 quejas pero solo resolvió en los tiempos que obliga la ley 219, lo que representa un pobre porcentaje de apenas el 67.38%.
Alfredo Solís de la potencia 2, en el periodo ya mencionado, atendió 317 quejas pero solo resolvió 185, presentado el peor nivel con un 58.36%.
Finalmente, Cristina García que preside la ponencia 3, atendió la misma cantidad de quejas que David Menchaca que fue de 325 pero logró resolver 268, es decir 49 casos más que el comisionado presidente. La productividad de ella es de 82.46%.
De manera general los tres comisionados recibieron 967 quejas, pero solo resolvieron en tiempo 672, dejando 295 fuera del plazo que obliga la ley. Un dato lamentable e inadmisible que tiene que generar consecuencias.
El periodista del medio Astrolabio Digital Victoriano Martínez experto en transparencia señaló que de los casos que aún mantienen sin resolver, al menos en el 40.33 por ciento violan la ley. De entrada, hay cuando menos 119 solicitudes de información en las que el solicitante no estuvo conforme con la respuesta, acudió a la CEGAIP para que le garantizara su derecho de acceso a la información pública, y lejos de hacerlo, los comisionados violaron la ley en su contra.