Crece fraude con facturas de tamales por Graciela Gaitán
Cuando la perversa imaginación de un diputado que se conjuga con el cinismo y deshonestidad surgen casos como el de #DipuChelaTamales donde usando recursos públicos de los potosinos se recurre a “justificar ayudas sociales” mediante el uso de proveedores fantasmas, tal como lo hizo la Diputada Local perredista Graciela Gaitán que adquirió diversos documentos fiscales con Francisco Javier Acosta Ceja ( con el nombre comercial de Construcciones y Urbanizaciones Smat ) para comprobar 26 mil pesos de tamales y material de construcción.
La semana pasado Ciudadanos Observando descubrió una primer factura con folio 1786 por 13 mil 206 pesos por tamales de varios sabores. Ahora se suma una nueva factura con folio 1790 por otra cantidad igual la cual fue entrega el pasado viernes por el Congreso del Estado ante una solicitud de información.
Aquí llama mucho la atención que la Diputada Graciela Gaitán simulara habar comprado 5,284 tamales surtidos pero lo verdaderamente grave es haber adquirido facturas con un proveedor fantasma, que ya había sido detectado por la Auditoria Superior del Estado desde el año 2010 y 2011 donde se detectaron compras irregulares al señalado proveedor Francisco Javier Acosta Ceja por el Ayuntamiento de Victoria Labastida por un monte superior a los 345 mil pesos. En una nota anterior se habían señalado ya varios detalles sobre este caso u además de recordar que Ciudadanos Observando visitó la dirección fiscal para validar la existencia comercial del supuesto proveedor confirmando su fantasmagórica existencia.
La legisladora Gaitán Díaz también adquirió facturas con esta persona para justificar la entrega de material de construcción y el propio Congreso expidió el cheque 65368 para justificar un evento de su personal. Actualmente ya llevamos detectado pagos a Francisco Javier Acosta Ceja por más de 270 mil pesos. La investigación sobre la compra de facturas con empresas o personas físicas fantasma continúa ya que expedir y comprar documentos con este tipo de modalidades es considerado un delito federal que se sanciona hasta con seis años de cárcel. Incluso en este presunto fraude están involucrados funcionarios y empleados del propio Congreso del Estado de San Luis que le acercan las facturas apócrifas y de empresas fantasmas a los diputados y que en fecha próxima serán señalados ante la Procuraduría General de la República por expertos abogados que están analizando el caso.